La lucha contra las “noticias falsas” y la entrada en vigor del RGPD: la actualidad sobre las problemáticas en relación con el digital

La lucha contra las noticias falsas no es un fenómeno nuevo, pero ha empeorado, en particular como consecuencia de la revolución digital. De hecho, el artículo 27 de la ley de julio de 1881 de libertad de prensa sanciona con una multa de 45.000 euros la difusión de «noticias falsas, documentos confeccionados, falsificados o atribuidos engañosamente a terceros cuando, hecha de mala fe, (la noticia) habrá perturbado la paz pública”. Además, el Código Electoral prohíbe indirectamente estas noticias falsas. Sin embargo, el rápido desarrollo de la era digital ha hecho necesaria la concepción de una nueva ley.

El presidente Macron anunció, a principios de este año, la preparación de un proyecto de ley para luchar contra la publicación de noticias falsas. Este proyecto se publicó el 7 de marzo de 2018 con el objetivo de fortalecer el control del internet y de luchar contra las “fake news”, especialmente durante los periodos electorales. Se denomina “ley de fiabilidad y confianza en la información” y se dirige a lo digital en un sentido amplio, lo cual incluye las redes sociales, las páginas en las que se pueden compartir videos y los “medios de comunicación bajo influencia de un Estado extranjero”.

Según el Ministerio de la Cultura, no se trata de definir lo que es una noticia falsa sino luchar contra “el universo y los canales de difusión de las noticias falsas hoy en día”.

Sin embargo, el renuncio a definir en la ley lo que constituye una «noticia falsa» permite al poder judicial y al CSA (Consejo Superior Audiovisual) definirlas libremente y presentarse como los árbitros de las «noticias falsas». La falta de definición ya es objeto de duras críticas, alimentadas por el temor a un mecanismo de censura. Además, el concepto de noticias falsas se refería originalmente a una información deliberadamente engañosa, pero el concepto se ha ampliado. De hecho, la información errónea se puede describir como noticias falsas incluso al ser el autor de buena fe.

El proyecto de ley contiene 3 propuestas importantes. En primer lugar, la obligación de las plataformas digitales de publicar el patrocinador del contenido de la información y el importe que pagó. Esto tiene como objetivo «primero, imponer a las plataformas mayores obligaciones de transparencia para permitir, por un lado, que las autoridades públicas detecten posibles campañas de desestabilización de las instituciones mediante la difusión de informaciones falsas y, por otro lado, a los usuarios de Internet conocer al anunciante de los contenidos patrocinados».

La segunda propuesta tiene como consecuencia aumentar los poderes del CSA. De hecho, la ley permitirá al CSA revocar o suspender la acreditación de un medio bajo influencia extranjera si se considera que propaga noticias falsas.

Por último, el proyecto de ley establece que el ‘juge des référés’ (juez de las medidas provisionales) es competente para poner fin a la transmisión de noticias que se consideran falsas, mediante “en su caso, la eliminación del contenido en cuestión, la deferencia del sitio, el cierre de la cuenta del usuario, e incluso el bloqueo del acceso al sitio web».

Sin embargo, cabe recordar que estas medidas estarán limitadas a los períodos electorales. Esto todavía plantea la cuestión de una noticia falsa que representa una amenaza considerable a la democracia, pero fuera del marco electoral.

Al nivel europeo, el jueves 26 de abril de 2018 – poco más de un año antes de las próximas elecciones europeas de mayo de 2019 – la Comisión Europea presentó medidas para luchar contra la desinformación en línea y la implementación de nuevas reglas para las plataformas digitales. En primer lugar, se propone la redacción y la entrada en vigor de un «código de buenas prácticas» por parte de las plataformas antes del mes de julio para «garantizar la transparencia del contenido patrocinado, lo cual incluye la publicidad política, y también limitar las opciones de targeting para este tipo de publicidad y reducir los ingresos de los vectores de desinformación «.

Además, la Comisión propone crear una red europea de inspectores de datos y también lanzar una plataforma europea en línea sobre la desinformación. Finalmente, la propuesta de la Comisión incluye la creación de un observatorio de la UE para supervisar el impacto de las nuevas normas. La Comisión dice que se prestará una atención especial a las evoluciones del marco reglamentario y a las políticas implementadas en toda Europa, colocando la problemática de la desinformación como uno de los principales objetivos de la UE.

Finalmente, y tras cuatro años de negociaciones, los Estados Miembros de la UE llegaron a un acuerdo sobre el texto del Reglamento General de Protección de Datos (RDPD), que es el nuevo marco normativo europeo para el tratamiento y la circulación de datos personales. Es un texto de mayor importancia para la protección de la intimidad de los ciudadanos europeos ya que redistribuye las cartas de la economía digital. De hecho, el reglamento tiene como objetivo la armonización europea, la consolidación de los derechos de las personas así que el desarrollo de la noción de ‘accountability’ o de responsabilización.

El RGPD entrará en vigor a partir del 25 de mayo de 2018 y implementará excepciones a lo dispuesto en la Directiva sobre protección de datos personales de 1995. Además, se aprobará un proyecto de ley que modificará la Ley de Protección de Datos de 1978 para integrar las disposiciones del RGPD.

De hecho, el RGPD pretende simplificar y armonizar las leyes de los Estados miembros, supervisar las nuevas formas de utilización de los datos (sin obstaculizar su desarrollo), crear una confianza «digital», unificar y mejorar la protección de los datos de los ciudadanos europeos, simplificar los trámites administrativos y, finalmente, garantizar la libre circulación de los datos dentro de la UE.

En particular, el RGPD simplifica los trámites administrativos, introduce una evaluación de impacto, establece un derecho al olvido digital, y el principio de consentimiento, y incrementa las posibilidades de investigación y de sanción por parte de las autoridades nacionales de supervisión.

La CNIL también ha publicado 6 pasos prácticos para prepararse al RGPD, a saber: designar un piloto, cartografiar el tratamiento de datos personales, priorizar acciones, gestionar riesgos, organizar procesos internos y finalmente documentar el cumplimiento.

Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones son muy altas, hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocios total anual del ejercicio anterior, según cuál de los dos es mayor.